Toda persona que, a sabiendas, viole una orden de protección será castigada como delito grave y la persona convicta será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de dos (2) años, multa que no excederá de cinco mil dólares ($5,000) o ambas penas a discreción del tribunal. Los tribunales vendrán obligados a imponer supervisión electrónica, de concederse cualquier tipo de sentencia suspendida.