La persona prevaleciente en cualquier acción judicial o procedimiento administrativo para hacer cumplir alguna disposición de este capítulo tendrá el derecho a recibir, como parte de su indemnización o reparación, una cantidad razonable por concepto de daños, costas y honorarios de abogado a ser pagados por el Gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, el Gobierno de Puerto Rico podrá establecer normas administrativas para recobrar de cualquier persona que hubiera actuado en contrario a las disposiciones de este capítulo, las cantidades pagadas a cualquier persona indemnizada por las disposiciones de este capítulo.