(a) Cualquier persona que sea perjudicada en sus negocios o propiedades por otra persona, por razón de actos, o intentos de actos, prohibidos o declarados ilegales por las disposiciones de este capítulo, salvo las de las secs. 259 y 261 de este título, puede demandar a causa de dichos actos ante el Tribunal de Primera Instancia y tendrá derecho a recobrar tres (3) veces el importe de los daños y perjuicios que haya sufrido, más las costas del procedimiento y una suma razonable para honorarios de abogado.
(b) Cuando el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias e instrumentalidades o cualquier municipio sufrieran daños ocasionados por cualquier persona por razón de actos, o intentos de actos, prohibidos o declarados ilegales por las disposiciones de este capítulo, podrán entablar la correspondiente acción para el resarcimiento de los daños de la misma manera y con las mismas consecuencias que si se tratase de una entidad privada, pero no tendrán derecho a recobrar el triple de los daños y perjuicios sufridos sino el importe de tales daños y perjuicios. Tampoco tendrán derecho a recobrar honorarios de abogado, excepto en el caso de que el demandante fuere un municipio o una instrumentalidad.
(c) La acción judicial para recobrar daños de conformidad con las disposiciones de los incisos (a) y (b) de esta sección deberá iniciarse dentro del término de cuatro (4) años a partir del nacimiento de la causa de acción.El ejercicio de cualquier acción civil o criminal de parte del estado, excepto una acción bajo el inciso (b) de esta sección, suspenderá el término prescriptivo aquí fijado mientras esté pendiente dicha acción, y por un año adicional, con respecto a cualquier causa de acción basada en todo o en parte en materias envueltas en la acción del estado. Ninguna acción podrá incoarse fuera del período de suspensión o del término de cuatro (4) años después del nacimiento de la causa de acción.
El ejercicio de cualquier acción civil o criminal de parte del estado, excepto una acción bajo el inciso (b) de esta sección, suspenderá el término prescriptivo aquí fijado mientras esté pendiente dicha acción, y por un año adicional, con respecto a cualquier causa de acción basada en todo o en parte en materias envueltas en la acción del estado. Ninguna acción podrá incoarse fuera del período de suspensión o del término de cuatro (4) años después del nacimiento de la causa de acción.
(d) Una sentencia final y firme dictada en cualquier procedimiento civil o criminal instado a nombre y por la autoridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de conformidad con las disposiciones de este capítulo, y mediante la cual se determine que el demandado o acusado ha violado las disposiciones de éste, constituirá evidencia prima facie contra tal demandado o acusado en cualquier acción incoada conforme a los incisos (a) o (b) de esta sección. El efecto de evidencia prima facie de dicha sentencia incluirá todos aquellos extremos respecto a los cuales tal sentencia constituiría un impedimento para litigar (estoppel) entre las partes afectadas por la misma.Las disposiciones de este inciso no se aplicarán en el caso de sentencias por consentimiento o en alguna forma dictadas sin que se hubiese recibido prueba, o en el caso de sentencias dictadas de conformidad con el inciso (b) de esta sección.
Las disposiciones de este inciso no se aplicarán en el caso de sentencias por consentimiento o en alguna forma dictadas sin que se hubiese recibido prueba, o en el caso de sentencias dictadas de conformidad con el inciso (b) de esta sección.