La pandemia del Covid-19, está devastando el mundo. Ésta no sólo tiene implicaciones de salud y seguridad pública (y privada), sino además en cuanto al impacto económico y social de sus consecuencias. Por lo tanto, el Gobierno de Puerto Rico declara y reconoce la necesidad de esta legislación especial, debido al estado de necesidad en el que se encuentra nuestra gente.
Se declara como política pública del Gobierno de Puerto Rico, permitir el mejor uso de sus recursos para atender la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias en nuestra economía.
El uso de los recursos públicos para propósitos de proveer mejores condiciones a nuestra economía es una necesidad de nuestra razón de estado, en momentos en que toda nuestra sociedad se enfrenta a las consecuencias de esta pandemia. Una vez ha sido controlada la crisis de salud pública, debemos evitar el colapso de nuestras instituciones, de nuestra economía y de los sectores productivos. Con estas medidas procuramos proteger los empleos y desde luego a quienes dependen de ellos: la familia puertorriqueña.
Por lo tanto, el objetivo específico de esta legislación es servir como puente de rescate para distintos sectores productivos de nuestra economía, para poco a poco ir recuperando la normalidad del intercambio de bienes y servicios al que ha estado acostumbrado la sociedad puertorriqueña en la era moderna. Por lo tanto, se crean programas gubernamentales cuyo propósito fundamental es servir de estímulo económico para impedir una recesión y las gravísimas consecuencias sociales que esta traería. Sirve a su vez para concretizar la aspiración de nuestro Pueblo de tener la más robusta y vibrante economía para procurar un desarrollo socioeconómico de primer orden, a la altura del Siglo XXI.