(a) Toda entidad deportiva, gubernamental o no gubernamental, que reciba fondos públicos o utilice instalaciones deportivas públicas y tenga bajo su responsabilidad uno (1) o más atleta (s) profesional (es) deberá, de no tenerlo, crear un protocolo contra el acoso y el hostigamiento sexual en el entorno deportivo. Será responsabilidad de cada entidad sujeta a las disposiciones de este capítulo divulgar y discutir el protocolo contra el acoso y el hostigamiento sexual dentro de su organización.
(b) Cada entidad deberá realizar una investigación sobre antecedentes penales relacionados a delitos sexuales, incluyendo la revisión del registro de ofensores sexuales, antes de contratar los servicios de candidatos(as) a empleo o contratistas.
(c) Ninguna entidad deportiva que reciba fondos públicos o utilice instalaciones deportivas públicas podrá contratar los servicios de personas con convicciones por cargos relacionados a delitos sexuales ni de personas que figuren en el listado de ofensores.
(d) En caso de que el candidato a empleo o contrato se encuentre en un proceso judicial relacionado a delitos sexuales, ninguna entidad deportiva que reciba fondos públicos o utilice instalaciones públicas podrá contar con sus servicios hasta tanto haya un dictamen judicial de no culpabilidad.