La educación de nuestros niños y jóvenes en el sistema de educación pública de Puerto Rico es una prioridad que requiere la más profunda atención. En el pasado, el proceso educativo se ha visto interrumpido por situaciones ajenas a los mejores intereses y voluntad del Gobierno de Puerto Rico. Esta interrupción, prolongada en muchos escenarios, provocó un disloque en la continuidad del proceso de enseñanza a nuestros estudiantes, dictaminándose una extensión del año escolar.
Por tanto, y tomando como base todo el proceso difícil en el que nos vimos envueltos, es obligación y política pública del Gobierno de Puerto Rico establecer las medidas necesarias para lograr que en eventos de fuerza mayor, que provoquen la interrupción de las clases en el sistema de educación pública, se sigan protocolos previamente establecidos para lograr que no se detenga el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes y un eventual enlace con todas las materias.