El objetivo de este capítulo es enfocar e integrar la política pública existente a fin de responder a los retos ambientales, económicos y educativos que enfrentamos como país. Reconocemos que es política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el desarrollo e implantación de estrategias económicamente viables y ambientalmente seguras que resulten en la disminución del volumen de residuos sólidos que requerirán disposición final, según dispuesto en las secs. 1320 a 1320u del Título 12, conocidas como la “Ley para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico”, según enmendada. Dentro de las estrategias señaladas en dicho estatuto, se considera necesario modificar las prácticas de manejo y disposición existentes para reducir la intensidad de uso de los vertederos del país incluyendo actividades de reciclaje o composta. Esta política pública incluye el desarrollo de programas educativos que promuevan la participación de todos los sectores.
Por su parte, las secs. 9801 et seq. del Título 3, conocidas como la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, según emendada, establece que el Estado, a través del Departamento de Educación de Puerto Rico, tiene el deber y la obligación proveer las herramientas necesarias para dotar a los estudiantes con conocimientos, disciplinas y experiencias educativas que les motiven a culminar sus estudios y les permitan insertarse productivamente en la fuerza laboral, creando comunidades educativas que promulguen el aprendizaje de forma innovadora. Esta política pública reconoce al Departamento de Educación de Puerto Rico como punta de lanza para el desarrollo económico y social de Puerto Rico, promoviendo el desarrollo de actitudes, destrezas y conocimientos de todos los estudiantes para desempeñarse con éxito en un mercado laboral globalizado, de manera competente y con creatividad a los retos del mundo moderno, independientes, aprendices de por vida, respetuosos de la ley y del ambiente natural, y capaces de contribuir al bienestar común.