Como elemento esencial para la competitividad y el desarrollo económico de Puerto Rico, es necesaria una transformación y restructuración de nuestro sector eléctrico.
Se declara como política pública del Gobierno de Puerto Rico que habrá un ente independiente regulador de energía, con amplios poderes y deberes para asegurar el cumplimiento con la política pública energética, los mandatos de este capítulo, y para asegurar costos energéticos justos y razonables mediante la fiscalización y revisión de las tarifas de las compañías de servicio eléctrico. El regulador ejercerá un alto escrutinio sobre el mantenimiento de la red eléctrica y deberá establecer mecanismos de incentivos y penalidades basados en el desempeño.
El Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, municipios y corporaciones públicas serán un consumidor eficiente y responsable de energía, y promoverá la conservación y la eficiencia energética en todas sus ramas e instrumentalidades, así como en la ciudadanía en general. A su vez, se promoverá la transparencia y la participación ciudadana en los procesos relacionados al servicio de energía.