Se ordena a la Junta Reglamentadora de Servicios Públicos realizar un estudio conjunto, en un término de ciento ochenta (180) días, entre el Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico y el Negociado de Energía para determinar, implementar y asegurar la carga segura (“safe load”) que los postes pueden sostener para la distribución de la infraestructura de telecomunicaciones y eléctrica.