Será política pública del Gobierno de Puerto Rico promover la seguridad en todas nuestras instalaciones portuarias mediante mecanismos modernos, eficientes y basados en análisis de riesgo, en coordinación con las autoridades federales con jurisdicción sobre la seguridad del comercio marítimo, evitando la imposición de cargos o estructuras regulatorias innecesarias que encarezcan el comercio y afecten al consumidor.