El Gobierno de Puerto Rico reconoce el papel indispensable que desempeñan las víctimas y testigos de una situación de sobredosis de opioides para salvar vidas. Se declara como política pública del Gobierno de Puerto Rico la protección de aquellas personas sufriendo una sobredosis de opioides y de testigos y organizaciones comunitarias que, de buena fe, soliciten ayuda médica de emergencia; y la protección de aquellos profesionales de la salud y adiestrados para administrar un antídoto contra la sobredosis de opioides para impedir esta. El Gobierno de Puerto Rico afirma, además, que la distribución y el uso de naloxona, como antídoto contra la sobredosis de opioides, es una manera simple y efectiva de ayudar revertir los efectos de estas.