Es política pública del Gobierno de Puerto Rico la protección de los menores de edad contra intervenciones médicas y quirúrgicas que busquen modificar la biología de su sexo bajo el pretexto de una transición de género. Reconociendo los riesgos físicos, emocionales y psicológicos asociados a dichos procedimientos, se prohíbe el uso de recursos públicos para financiar, promover, asistir o avalar este tipo de intervenciones.