La seguridad de nuestros ciudadanos es un deber ministerial ineludible del Gobierno. Por tanto, el proveer los mecanismos, iniciativas y herramientas necesarias que redunden en el fiel cumplimiento de dicha gestión no es tan solo una responsabilidad, sino una obligación inquebrantable.
El brindarle al Negociado de la Policía de Puerto Rico y al Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico el apoyo necesario para cumplir con su función de protección a nuestra sociedad, es uno de los pilares irremplazables de dicha encomienda. Es por esto que, para cumplir con dichos propósitos, es menester equiparlos y proveerles facilidades adecuadas para llevar a cabo la responsabilidad que se les ha delegado. Ante los retos fiscales que enfrenta Puerto Rico, no podemos descansar únicamente en los recursos del Gobierno para cumplir con tal obligación y se hace meritorio el identificar iniciativas propicias que apoyen la gestión de la administración gubernamental.
Por tanto, es política pública promover que ciudadanos privados, empresas y organizaciones sin fines de lucro, entre otras, puedan adoptar un cuartel del Negociado de la Policía de Puerto Rico o estación de bomberos del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, con el objetivo de que cooperen con los arreglos y el mantenimiento necesario. Esta acción brinda el apoyo que nuestros valerosos uniformados necesitan y alivia la carga que llevan en la lucha contra el crimen.