Se crea la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico, como el organismo en la Rama Ejecutiva responsable de establecer la política pública relacionada con las compras de bienes, obras y servicios no profesionales para todas las entidades gubernamentales y entidades exentas, según definidas en este capítulo. La Administración será responsable además, de la implementación de la centralización de las compras gubernamentales.