Si como consecuencia de un acto de administración o de disposición llevado a cabo por uno solo de los cónyuges, este obtiene un beneficio o lucro exclusivo para él y ocasiona dolosamente un daño a la sociedad, es deudor de esta por su importe, aunque el otro cónyuge no impugne el acto.
Si el tercero adquirente actúa de mala fe, el acto es rescindible.