Todo funcionario o empleado público que esté encargado o que tenga control de cualquier propiedad, archivo, expediente, documento, registro computadorizado o de otra naturaleza o banco de información, en soporte papel o electrónico que lo altere, destruya, mutile, remueva u oculte en todo o en parte, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.
Cuando se produzca la pérdida de propiedad o fondos públicos el tribunal impondrá la pena de restitución.