Se adopta como política pública del Gobierno de Puerto Rico el emplear confinados, mediante contratación con el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico, para la realización de diversas tareas, tales como actividades agrícolas, ornato, construcción, lavado y mantenimiento de automóviles pertenecientes a la flota vehicular gubernamental, entre otras, que propendan a brindar destrezas y habilidades útiles dentro de la fuerza laboral actual y propicien el proceso de rehabilitación y reinserción a la libre comunidad de esta población.