Educación judicial

El/la Juez(a) Presidente(a) del Tribunal Supremo establecerá un sistema de educación judicial con el objetivo de promover el mejoramiento profesional e intelectual y el desarrollo de aptitudes de todos los jueces y juezas del Tribunal General de Justicia como funcionarios sensibles, justos, eficientes y efectivos en la administración de la justicia. Entre otros aspectos, dicho sistema implantará programas educativos periódicos para jueces de nuevo nombramiento, así como programas dirigidos a entender las necesidades de educación jurídica continua compulsoria de todos los jueces. Como parte inherente del referido sistema de educación judicial, a todos los jueces y juezas del Tribunal General de Justicia se les requerirá que al menos dos veces al año tomen adiestramiento sobre los temas de maltrato y protección de menores y sobre los cambios en políticas y procedimientos relacionados a la “Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores”, así como adiestramientos sobre el tema de Violencia Doméstica y sobre los cambios en políticas y procedimientos relacionados a la “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.” Los adiestramientos sobre violencia domestica deberán ser ofrecidos por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. La Procuradora, en colaboración con la Oficina de Administración de Tribunales, diseñará los adiestramientos sobre violencia doméstica para los jueces y juezas del Tribunal General de Justicia. Dicha colaboración no menoscabará la autonomía administrativa de la Rama Judicial en la administración de su sistema de educación judicial. A su vez, se les requerirá algún taller, módulo, o adiestramiento que incluya temas que sensibilicen el servicio hacia la comunidad de inmigrantes, dando a conocer las necesidades particulares de estas personas, los derechos humanos y civiles que les cobijan, los distintos estados migratorios que existen, las entidades del Gobierno Federal y local, así como del tercer sector, que proveen los servicios necesarios para estas personas, y las conductas de prejuicio que no se tolerarán en el servicio público.