Una concesión administrativa es un negocio jurídico por el cual una administración pública adjudica, asigna o confiere la explotación de bienes del dominio público a una persona o ente privado. Las concesiones administrativas se relacionan con bienes inmuebles del estado o de dominio público como minas, ferrocarriles, carreteras, canales, puentes, cuerpos de agua y otras obras destinadas a servicio público.
Por su parte, una Alianza Público Privada se refiere a cualquier acuerdo entre una entidad gubernamental y una o más personas naturales o jurídicas, sujeto a la política pública establecida en las secs. 2601 et seq. del Título 27, conocidas como “Ley de Alianzas Público Privadas”, cuyos términos están provistos en un contrato de alianza.