Cualquier violación a sabiendas de una orden de protección, expedida de conformidad con este capítulo, será castigada como delito grave con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años; esto sin menoscabar su responsabilidad criminal por cualquier otra ley penal y constituirá desacato al tribunal, lo que podría resultar en penas adicionales: pena de cárcel, multa o ambas penas.