Estarán obligados a informar aquellos casos donde exista o se sospeche que existe una situación de maltrato, maltrato institucional, maltrato por negligencia, o maltrato físico, emocional, financiero, explotación o abuso sexual entre otros, por negligencia institucional, hacia una persona adulta mayor: los profesionales o funcionarios públicos, instituciones médicohospitalarias, entidades públicas o privadas y privatizadas que, en su capacidad profesional y en el desempeño de sus funciones, tuvieren conocimiento o sospecha de que una persona adulta mayor es, ha sido, o está en riesgo de ser víctima de maltrato, maltrato institucional, maltrato por negligencia o maltrato por negligencia institucional; los profesionales de la salud, de la educación, del trabajo social, del orden público, las personas dedicadas a labores de dirección o trabajo en instituciones o establecimientos de cuidado que ofrezcan servicios de cuido durante un día de veinticuatro (24) horas o parte de este. Informarán tal hecho a través de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIE) del Departamento de la Familia, a la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, a la Policía de Puerto Rico y al Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Seguridad Pública.